Carlos Moreno Careto
Las mujeres mexicanas tiene derecho a la salud, la cual está garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en numerosos tratados internacionales, así lo señaló la dirigente de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DESER)m, en la entidad Esperanza Arias Velázquez.
Lo anterior en la antesala de la conmemoración del día internacional de Acción por la Salud de las mujeres el cual se celebra este 28 de mayo, por lo que este derecho obliga al Estado a tomar las medidas necesarias que favorezcan el bienestar pleno de las mujeres.
Es por ello que hizo un llamado a los diputados locales para que, a la brevedad posible, se autorice el aborto en el Estado de México, ya que cuando una mujer tiene un embarazo que pone en riesgo su salud física, mental o social interrumpirlo es una libre decisión que de cada mujer.
Al referirse al Código Penal, en el Estado de México Arias Velázquez señaló que el Artículo 251 establece las sanciones por aborto, así como cuatro causales únicas por las cuales no se ejercería la acción penal contra la mujer: es decir por acción culposa (aborto accidental); violación; cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando el producto presente problemas genéticos. “Fuera de ahí cualquier mexiquense puede ser procesada y juzgada sí aborta”.
Dijo que el aborto penalizado en la mayor parte del país, siegue siendo la causa más importante de muerte materna, ya que entre 1990 y 2013, la penalización del aborto causo la muerte de 2 mil 186 mujeres de las cuales 279 fueron adolescentes de 15 a 19 años y 11 en niñas de 10 a 14 años.
En las dos últimas décadas el 7.3 por ciento de las muertes maternas son por abortos inseguros y en el 2013 representó la cuarte causa de muerte materna en el país.
Esperanza Arias, destacó que es infame que aun persista la intención de encarcelar y estigmatizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, así como a las personas que apoyan para llevar a cabo la libre decisión de abortar o no.
Finalmente comentó que la postura de los diputados locales es retrograda que criminaliza a las mujeres y que refleja un desprecio por la vida y la solidaridad al aprobar iniciativas mal llamadas de “protección a la vida”, porque en ningún momento toman en cuenta que el embarazo puede ser producto de una violación, o el producto viene con alguna malformación.
