Por: Carlos Moreno
Cristina Bejarano Jiménez, acudió a una lavandería ubicada en la calle de Ignacio Allende número 1133 de la ciudad de Toluca para que le lavaran sus prendas de ropa, desafortunadamente, una de las prendas se maltrató en el proceso de lavado y cuando llegó su dueña, lejos de negociar un arreglo entre ambas partes decidió usar su cargo e influencias para mandar cerrar la negociación alegando faltas de protección civil.
Manchando una reputación ganada a pulso durante años de la dependencia municipal, la servidora pública local hizo uso de su relación laboral para mandar a una brigada de inspectores quienes traían la consigna de cerrar el negocio a como diera lugar.
De acuerdo a la versión que proporcionó la afectada, cuando la usuaria del servicio llego se le explico el percance que se había suscitado e intento entablar un acuerdo entre ambas partes, pero la funcionaria exigía un monto superior por su prenda por lo que no pudieron resolver el tema.
Unas horas después, se presentaron a la negociación verificadores de la coordinación de protección civil para colocar sellos de suspensión alegando fallas en materia de protección civil.
Así, cuando la dueña intento resolver el problema que ahora se le presentaba, acudió a investigar las razones de la clausura pero los mismos servidores públicos que la atendieron le señalaron que aunque cumpliera toda la normatividad, ellos tenían la instrucción de clausurar y que el negocio permaneciera cerrado hasta que se le “baje el coraje a la licenciada”.
